Cumplimiento LISMI

La LISMI es la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, que establece para las empresas públicas y privadas que empleen a más de 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores discapacitados no inferior al 2%.

Si la empresa pública o privada que debe cumplir dicha ley no puede hacerlo por alguna circunstancia puede acogerse a unas medidas alternativas de carácter excepcional según lo establecido en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero. Estas medidas pasan por:

  • Compra de bienes y/o servicios a un Centro Especial de Empleo.
  • Contratación de un trabajador autónomo discapacitado.
  • Donación o acción de patrocinio a favor de una entidad cuyo objeto social sea la formación profesional, la inserción laboral y la creación de puestos de trabajo a favor de personas con discapacidad.
  • Creación de un Enclave Laboral.

La excepcionalidad se produce:

  • Cuando los Servicios Públicos de Empleo no pueden atender las ofertas de empleo para trabajadores discapacitados presentadas por la empresa, o bien sean éstos los que renuncien a esta oferta. En tales casos, el INEM o el Servei Català de Colocació expedirán el certificado acreditativo de la excepcionalidad.
  • Cuando las empresas acreditan la existencia de razones organizativas, productivas, técnicas o económicas que dificultan seriamente la incorporación de discapacitados a sus plantillas. El INEM o el SCC estimarán esta situación y emitirán el pertinente certificado de excepcionalidad.

Y la excepcionalidad hay que solicitarla ante la oficina del INEM. Si dicha solicitud no se ha producido, aunque se contraten servicios a un Centro Especial de Empleo o se aplique cualquiera de las otras medidas alternativas no se está cumpliendo la Ley.

Para todo ello, y con el objeto de agilizar y favorecer la incorporación laboral de las personas con discapacidad, así como la aplicación de las medidas alternativas, el Grupo Gureak ofrece asesoramiento especializado, tanto para la integración laboral como para el cumplimiento de estas medidas, estando en disposición de colaborar y participar en cuantos procesos se consideren necesarios.

Además, resolver esta necesidad legal permite reforzar e impulsar la imagen de responsabilidad social de las empresas públicas y privadas.

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